En Septiembre de 2024 el gobierno de Canadá publicó el documento “Salmon Aquaculture Transition Plan for British Columbia”, que delinea nuevas reglas para la industria del Salmón y que deben entrar en vigencia en Junio de 2029. Si bien este documento es un borrador y su versión final se espera para este año, plantean desafíos importantes desde los organismos reguladores y su institucionalidad hacia la industria del Salmon canadiense, que desde 2022 muestra señales estancamiento en su producción.
El principal objetivo del plan es aumentar los niveles de protección, la sostenibilidad del sector acuícola y la conservación del ecosistema de la región de British Columbia prohibiendo el cultivo del salmón en criaderos de redes abiertas. Este punto es el que ha generado mayor controversia y conflicto.
La BC Salmon Farmers Association se ha mostrado proclive a avanzar hacia nuevos estándares medioambientales, invertir en nuevas tecnologías y a generar mayores contribuciones sociales. Sin embargo, apuntan que la prohibición del uso de criaderos de redes significaría la desaparición de la industria en la región.
Según el gremio la aplicación de las nuevas regulaciones significaría la perdida de al menos 50.000 toneladas de salmón, un aumento significativo en los costos de producción y un gravoso rediseño de una nueva cadena productiva y de distribución de salmón, impactando negativamente su contribución económica y la creación de empleo. Más aún, muchos de los cultivos para 2029 no estarían en su edad adulta (maduración) para poder ser comercializados, lo que traería millones de dólares en pérdida para la industria. Esto último, también traería consecuencias en la seguridad alimentaria del país, reduciendo su producción, venta y consumo. En otras palabras, la nueva regulación ahogaría la industria salmonera canadiense.
El gremio también reclama que la nueva regulación en vez de incentivar y consolidad su desarrollo va en la dirección contraria, permitiendo que la inversión vaya a sus principales competidores internacionales: Noruega, Chile, China y Japón. Esto podría representar una oportunidad única para nuestro país, considerando además que los costos productivos en Chile son en promedio 19% menor comparado con la industria canadiense.
Con todo, la industria chilena también se ha visto entrampada por una regulación, al menos, poco clara en sus tiempos. Desde su entrada en vigor, la regulación de Espacios Marinos Costeros de Los Pueblos Originarios (ECMPO) ha sido vista por la industria como una traba para su desarrollo especialmente en la región de Los Lagos. El aumento de solicitudes en los últimos años y la incertidumbre por los tiempos de espera para las resoluciones finales ha resultado en la paralización de obras y proyectos económicos, sociales y medioambientales. Es precisamente la poca claridad e incertidumbre lo que ha generado un rechazo desde la industria y algunos sectores políticos hacia la regulación.
Para poner en contexto, la industria del salmón chilena es estratégica por la aplicación de su alta tecnología, su contribución en I+D y su inversión en regiones de la zona sur. Su aporte al PIB en Los Lagos, Aysén y Magallanes promedia el 20% y en términos de exportaciones, su contribución es solo superada por el Cobre y es incluso superior al Litio.
Lo que hay en común en los casos de Chile y Canadá es una regulación medioambiental que pareciera no ir de la mano con el desarrollo armónico entre lo social, medioambiental y económico. Al menos en ambos casos, la rigidez institucional y la sobre regulación no está siendo atractiva ni generando incentivos para atraer mayor inversión y desarrollo.
Resulta difícil establecer una economía sustentable si las reglas institucionales no permiten la consolidación, en este caso, de una industria que demostrados impactos positivos en el desarrollo de las comunidades, el cuidado y resguardo medioambiental y que es clave en el crecimiento económico para las regiones. Esto, sin pasar por alto los desafíos medioambientales a las que se enfrenta la industria.
La industria del Salmón en ambos países ha mostrado aportes concretos en desarrollo social, innovación, cuidado medio ambiental y beneficios económicos. Urge entonces que nuestra institucionalidad se modernice, que resuelva controversias de manera que reduzca la incertidumbre, genere acuerdos y que no ahogue el desarrollo sostenible de las comunidades, la protección ambiental y el crecimiento económico.

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