En política comparada, un cordón sanitario es una estrategia utilizada para aislar a un partido o actor político considerado radical, extremista o incompatible con los valores democráticos fundamentales. Se trata de una «barrera» —simbólica y práctica— establecida por otras fuerzas políticas con el objetivo de negar legitimidad, impedir el acceso al poder o limitar la influencia del actor excluido.

Esta estrategia se basa en dos pilares: la no colaboración política —es decir, la negativa explícita a formar alianzas o coaliciones—, y el aislamiento institucional, lo que puede implicar vetos para ocupar cargos clave dentro del sistema legislativo o ejecutivo. Su motivación suele ser ética e ideológica, y se aplica particularmente a partidos de derecha o izquierda radical populista que promueven discursos antidemocráticos, autoritarios o directamente violentos.

El concepto tiene su origen más documentado en Bélgica en 1992, cuando los principales partidos acordaron informalmente excluir al Vlaams Blok, una fuerza de extrema derecha flamenca, de cualquier cooperación política, independientemente de su representación electoral. Este precedente marcó un punto de inflexión en la política europea y fue replicado, con matices, en países como Francia, Alemania y los Países Bajos. No obstante, su aplicación ha evolucionado según los contextos, los sistemas políticos y la coyuntura sociocultural de cada país.

Ahora bien, el cordón sanitario no está exento de contradicciones. Puede, en algunos casos, fortalecer la narrativa de victimización de los partidos excluidos, reforzando la lógica del “ellos contra el sistema”, lo cual puede radicalizar a sus bases y aumentar su respaldo electoral. Además, si no es sostenido de forma coherente por todos los actores relevantes, puede volverse ineficaz o incluso contraproducente.

Es precisamente en este último punto donde vale la pena detenerse para analizar el caso chileno.

A diferencia de Europa, en Chile no ha existido una práctica formal y consistente de cordón sanitario. No se han firmado acuerdos entre partidos para excluir explícitamente a determinadas fuerzas políticas. Lo que ha existido, más bien, es un uso retórico y coyuntural del término, carente de una base ética compartida o de consecuencias prácticas sostenidas.

Desde el retorno a la democracia, la política chilena ha convivido con actores que se ubican en los márgenes ideológicos del sistema. En las izquierdas, por ejemplo, el Partido Comunista ha mantenido una retórica confrontacional respecto del «modelo», y en algunos momentos ha legitimado formas de presión extrainstitucional. Pese a ello, desde 1999, la Concertación apeló a su electorado y a su dirigencia para asegurar victorias en segunda vuelta presidencial, lo que derivó primero en pactos por omisión y luego en la incorporación plena en gobiernos democráticos, a pesar de que su narrativa nunca terminó de ajustarse a los marcos liberales clásicos.

En la vereda opuesta, el debate sobre un posible cordón sanitario se volvió más intenso tras la elección presidencial de 2021. La presencia de José Antonio Kast en segunda vuelta activó alarmas sobre los límites del espectro democrático. Sin embargo, Chile Vamos no dudó en respaldarlo, a pesar de propuestas programáticas como la eliminación del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, una política de Estado que representa un consenso mínimo en una democracia pluralista. Y, ahora parece que lo intentarán con Johannes Kaiser.

Es previsible que en la elección presidencial de 2025 el concepto de cordón sanitario vuelva a instalarse en el debate público. Pero si no se acompaña de una reflexión institucional profunda y de compromisos claros entre actores diversos, seguirá siendo una herramienta vacía, más útil para las encuestas y titulares que para la defensa de la democracia.

El pragmatismo electoral ha sido más fuerte que los principios democráticos compartidos. A la hora de enfrentar un balotaje, la tentación de apoyar a quien más se acerque al propio eje ideológico será difícil de resistir, aunque ello implique normalizar discursos autoritarios o prácticas contrarias al pluralismo. Bastará con que el candidato en cuestión modere dos o tres líneas en su programa para que sus antiguos críticos levanten la mano y se sumen, sin mayores costos, a una eventual administración.

Entre la retórica moral y la realpolitik, así estamos en Chile. El problema no es solo la existencia o no de un cordón sanitario, sino la falta de normas democráticas informales robustas que regulen el comportamiento de las élites. Cuando las reglas no escritas de exclusión se aplican de forma selectiva o oportunista, se desdibuja el compromiso con la democracia liberal y se erosiona la credibilidad del sistema.

En el fondo, el dilema chileno no es si aplicar o no un cordón sanitario, sino si nuestras élites políticas están dispuestas a pagar el costo de defender principios democráticos incluso cuando eso implique perder poder. Si no es así, lo que tendremos no es un cordón sanitario, sino una puerta giratoria al autoritarismo normalizado.