La Ley Orgánica de Carabineros de Chile, en su artículo 2°, establece claramente el principio de obediencia y no deliberación de la institución. Asimismo, la misma norma especifica que Carabineros depende directamente del Ministerio del Interior a través de la Subsecretaría del Interior. Este marco legal, que busca asegurar el cumplimiento de las funciones de orden y seguridad, cobra especial relevancia a la luz del reciente caso que involucra al exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

¿Por qué es relevante este caso en relación con el rol de nuestras policías? Porque expone la fragilidad del equilibrio entre la necesaria subordinación de las fuerzas de seguridad y el abuso de poder por parte de la autoridad. En este caso, el exsubsecretario Monsalve no solo utilizó el avión institucional para acudir a su residencia y explicar a su familia la grave situación que la prensa pronto revelaría, sino que también habría ordenado a la Policía de Investigaciones revisar las cámaras de seguridad del hotel y restaurante que visitó, en el contexto de los hechos que son de dominio público.

Esta situación genera dos cuestionamientos fundamentales. El primero es si los recursos logísticos, humanos y tecnológicos de Carabineros y la Policía de Investigaciones están verdaderamente al servicio de la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, o si, por el contrario, pueden ser instrumentalizados para satisfacer las demandas personales de altos funcionarios. El segundo, no menos importante, es si nuestras autoridades políticas están realmente preparadas para hacer frente a la desbordante inseguridad que afecta al país. A juzgar por los hechos, la respuesta es desalentadora.

La confianza en nuestras instituciones de seguridad se erosiona cuando los servidores públicos que deberían velar por el bienestar de todos los chilenos muestran un compromiso parcial y ocasional. Los cargos de autoridad no son privilegios para obtener beneficios personales, sino responsabilidades que exigen una dedicación inquebrantable, 24 horas al día, siete días a la semana. El caso del exsubsecretario Monsalve pone en evidencia la necesidad urgente de reforzar los controles internos y el escrutinio sobre el uso de los recursos públicos, no solo para evitar el abuso de poder, sino también para garantizar que nuestras fuerzas de seguridad estén enfocadas en lo que realmente importa: proteger a los chilenos y combatir la creciente ola de criminalidad.

Es momento de que los responsables rindan cuentas y que el Estado recupere su compromiso genuino con la seguridad de todos los chilenos.