Es imposible por estos días no referirse al Caso ProCultura. Se trata de una de las aristas más complejas del llamado Caso Convenios, aunque por su magnitud, su red de contactos y el involucramiento de actores políticos de distintos sectores, bien podría considerarse como un capítulo mayor. La cifra involucrada –que ronda los seis mil millones de pesos y continúa en alza– es sólo un componente del problema. Lo que realmente agrava este caso es la forma en que las conexiones personales y políticas de una figura como Alberto Larraín Salas permitieron articular una red de convenios, favores y silencios que comprometieron a múltiples actores, transformando a la fundación en una suerte de “maestro chasquilla” de las políticas públicas externalizadas.

Como suele ocurrir en estos episodios, hemos estado bombardeado de negaciones. Hoy nadie recuerda haber tenido una relación estrecha con Larraín. Nadie reconoce haber intercambiado un mensaje, una llamada o siquiera una reunión informal con él. Es como un Rey Midas invertido: todo lo que toca se convierte en carbón. Pero esta reacción, más que una excepción, es una regla que retrata a la élite política, que prefiere la negación al reconocimiento de sus errores. Temen ser condenados por el juicio público, atrapados en una lógica donde el prestigio depende más del control del relato que de la coherencia ética. No se trata solo del miedo a la hipertransparencia o al morbo mediático; se trata también de un estándar político que continúa deteriorándose.

En el centro del comportamiento posterior al Caso ProCultura está una estrategia ya demasiado conocida: la negación absoluta. No sólo se niega la relación con el actor cuestionado, sino también cualquier tipo de responsabilidad política, por mínima que sea. Esta táctica, que se ha convertido en una práctica transversal de la clase política chilena, responde a una comprensión muy estrecha de lo que implica rendir cuentas. Los actores consideran que no hay nada que explicar, u optan por esconderse, a pesar de su permanente sobrexposición en medios y redes. Esta lógica olvida que la confianza institucional se construye también sobre estándares éticos, responsabilidad subjetiva y voluntad de asumir errores de juicio.

La negación, además, se utiliza como blindaje colectivo. Pero en lugar de contener el daño, este mecanismo lo amplifica. Porque cuando la ciudadanía percibe que nadie asume errores, la distancia con las instituciones se profundiza. La política aparece entonces no como un campo de decisiones colectivas, sino como una élite que se protege a sí misma.

Frente al escenario de negación, las filtraciones de conversaciones privadas han logrado ocupar un rol protagónico, ya que si bien lo que conocemos de estas conversaciones tiene como resultado la negación, es la herramienta que contamos para relatarnos la historia. Es a través de estos mensajes, que la opinión pública accede a lo que considera la “verdad” detrás de las versiones oficiales. Y los actores involucrados, en lugar de ofrecer explicaciones de fondo, se refugian en el argumento de la privacidad vulnerada, el cual es un argumento cada vez más débil. Cuando se ocupan cargos de poder o se gestionan recursos públicos, la frontera entre lo privado y lo público no desaparece, pero se vuelve más porosa. Y esto se agrava cuando las filtraciones constatan que muchas veces se toman decisiones públicas a través de medios informales.

Ahora bien, la presión ciudadana por mayor claridad, acceso a la información y fiscalización debe tener un límite. La demanda de transparencia ha mutado progresivamente hacia una forma de exposición total. Todo debe ser público, todo debe ser instantáneamente visible y juzgado. Este impulso, que nace de una legítima necesidad de control democrático, pero es necesario también convencernos que el exceso de transparencia destruye la posibilidad de construir confianzas y banaliza la verdad. Por otro lado, esta pulsión porque no existan filtros, alimenta la narrativa de algunos actores políticos de características populistas, que al final se transforma en algo para las cámaras y redes sociales.

La combinación entre la negación defensiva, la instrumentalización de las filtraciones y la presión por hipertransparencia no genera más verdad ni más justicia. Genera confusión, sospecha y distanciamiento. Vamos avanzando hacia un estadio donde no sabemos en quien confiar. Mientras el Ministerio Público desconoce el cómo nos llegan de forma masiva mensajes, llamadas telefónicas, correos electrónicos, entre otras herramientas entre quienes son parte de la investigación, los acusados deciden defenderse amparándose en ilegalidad y espionaje. El resto de nosotros en la mitad, perplejos de cómo termina todo convirtiéndose en una batalla de declaraciones sin soluciones de fondo, como el aumentar los estándares, mecanismos de financiamiento, y el rol de las fundaciones en espacio público, las cuales continúan siendo el reemplazo del Estado en muchas ocasiones.

En la mitad de todo esto, el Gobierno está perplejo e inmóvil. Mientras el presidente se encuentra en una gira internacional para construir puentes en un escenario global inestable, debe ocupar tiempo en abordar crisis nacionales. Se ha perdido una nueva oportunidad de comunicar buenas noticias. Con todo, y volviendo al inicio, seguimos observando una crisis ética-política, por lo tanto, se erosiona aún más la legitimidad escasa de la institucionalidad. Estamos al frente de una democracia llena de reglas, pero vacía en el fondo.