Hace aproximadamente cuatro meses comenzó un hito importante en la implementación del Sistema de Garantías y Protección Integral de Derechos de la Niñez y Adolescencia: la puesta en marcha de la protección administrativa, uno de los procedimientos que llevarán a cabo las Oficinas Locales de la Niñez y que permitiría a estas desjudicializar el sistema. A propósito de este relevante hito, es importante reflexionar sobre sus complejidades. 

Desde hace algunos años han sido latamente alertadas una serie de problemas en materias de protección social, salud mental y violencia, con especial gravedad en las y los adolescentes, quienes muestran una serie de retrocesos en indicadores relativos a su desarrollo.  [1]

Asimismo, es un momento de inflexión. Si miramos prospectivamente el escenario a 10 años es posible identificar diversos desafíos que pueden generar profundos impactos en niñas, niños y adolescentes tales como cambios sociodemográficos relevantes, crisis climática, emergencias y desastres, excesiva digitalización, movilidad humana, cambios territoriales, políticos y geopolíticos. [2]

Todo esto sucede en un momento de alta presión al sistema de protección. Muchos indicadores muestran la afectación de diversos indicadores de violencia en la niñez y adolescencia, donde se ha podido constatar un aumento de más de un 25% de las medidas de protección desde 2020 a 2023.

Frente a esto – una vez más – parece que estamos actuando desde la ansiedad. Los servicios corren en círculos solucionando incendios sin poder detenerse a ver cómo mitigarlos.  El resultado de este cortoplacismo son muchos esfuerzos a medio hacer. La agenda política en este tema vuelve a actuar solamente frente a coyunturas graves de vulneraciones de derechos. Esto se traduce en mesas de decisiones que toman la agenda de lo urgente, evadiendo las medidas que puedan generar resultados años más adelante, esas que pudimos empezar antes y disfrutar hoy.

En este contexto, la implementación del Sistema de Garantías ha sido compleja. Aún se está resolviendo un complejo enredo de hebras normativas, presupuestarias y administrativas que se heredaron desde su caótica tramitación legislativa, lo que incluye la creación del Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, heredero del Sename. Estos nudos hacen que el proceso que comienza tenga un alto nivel de incertidumbre sobre cómo se comportarán los actores involucrados en los territorios, sobre todo el Poder Judicial, así como la clásica duda de si los recursos serán suficientes a las nuevas funciones y competencias.  

Por su parte, la implementación del Servicio de Protección ha quedado como una institución aislada y cada vez más presionada. Esto también es herencia de un debate legislativo caótico, que priorizó crear la orgánica antes de diseñar un sistema, algo así como crear el Servicio de Evaluación Ambiental sin el sistema de evaluación ambiental o la Fiscalía sin el Código Procesal Penal. Hoy se comienzan a ver los obstáculos que se producen por la persistencia de marcos institucionales desacoplados de los nuevos enfoques programáticos.

Las condiciones faltantes se conocen: un entorno que gestione adecuadamente los casos, dado que ni el mejor programa de intervención va a poder realizar bien su tarea si ingresan perfiles para los que no están diseñados. Que existan marcos de desarrollo y protección de los equipos que trabajan en cuidados e intervención. Y que todos los actores llamados a participar realmente cumplan con su rol, el cual ha sido la promesa más compleja de cumplir por diversas brechas presupuestarias, de coordinación, estructurales o culturales. 

Pero una condición relevante es revisar su modelo de provisión. Nuevos diseños programáticos, implican nuevas formas de organizar y financiar. Fueron pocos los cambios al respecto y el corazón del sistema sigue siendo subsidiario en su expresión negativa: si hay disponibilidad de privados no interviene. Pasamos de un modelo que “auxilia” a uno que “aporta” a la sociedad civil y que ha mostrado como hoy no cuadra en sus diferentes manifestaciones (acreditación, licitación, financiamiento o supervisión) con los nuevos modelos y enfoques, que apuntan a la integralidad y responsabilidad del Estado.

Aun así, hay aspectos positivos a destacar ya que pueden ser la ruta adecuada por la cual orientarnos. Por ejemplo, la promulgación de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia, la cual se espera pueda ser un primer esfuerzo serio de ordenar la caótica y poco estable política pública de niñez y adolescencia en todas las dimensiones que necesita ser abordada. Asimismo, se han avanzado diseños programáticos importantes, aumentado presupuestos y empezado a ordenar temas normativos y estratégicos. 

Desde esta base se necesitan una serie de gestiones claves (entre muchas) que pueden ir ayudando, de a poco, para ir resolviendo los nudos, tales como:

1) Cuidar la reforma: ¿Por qué la implementación no tiene un seguimiento independiente como tuvo la Reforma Procesal Penal?  Necesitamos ir aprendiendo con humildad y objetividad los nudos del proceso, tanto a nivel nacional como local e ir generando los cambios necesarios. 

2) Revisar el modelo de provisión de las prestaciones del servicio. La propia actual Subsecretaria de la Niñez afirmó en 2023 ante el Congreso Nacional que “es necesario abrir una conversación acerca del modelo de financiamiento, de manera de asegurar que los niños cuenten con los servicios que están siendo financiados de forma adecuada para hacer las exigencias del caso”.  Quizás ya es momento de sincerar cuáles son las formas más adecuadas y necesarias para acreditar, licitar, financiar y supervisar la participación de privados en el sistema. 

3)  Priorizar el financiamiento de las políticas públicas de niñez y adolescencia, especialmente en prevención. Ni el mejor Servicio de Protección puede solucionar el problema si no detenemos las causas. Esto implica pensar e innovar en el combate a la pobreza, la exclusión social y los cambios en las formas de socialización de las infancias, buscando innovaciones y formas presupuestarias específicas de obtención, manejo, control y transferencia de recursos que permitan cumplir esta tarea, las cuales existen en la experiencia comparada